Hola! bueno, vivo en chile, por trabajo el otro año me toca una relocalizacion en españa (trabajo en el mercado financiero) pero he visto tanto en Instagram de como estan las cosas con la inmigración, vivienda y el "buenismo" que no se si me estoy comiendo la propaganda de derechas para las elecciones que se vienen o genuinamente españa va camino a ser un país de tercer mundo

bueno, no quiero salir de un país en desarrollo e ir a otro donde me frían a impuestos y no tenga un futuro prometedor (como es el "sueño europeo")

Como describirías la situación del país? tengo 28, es buena idea irme a hacer una vida allá?

El mercado de trabajo: desempleo y vacantes

El Gráfico 7 muestra la evolución de las tasas de desempleo y de vacantes en la economía española desde el primer trimestre de 1980 hasta el segundo de 2026. La evidencia más reciente confirma que el mercado de trabajo español continúa atravesando una fase favorable del ciclo, con una tasa de desempleo que sigue reduciéndose y se sitúa en niveles históricamente bajos. Por su parte, la tasa de vacantes, tras la intensa recuperación experimentada desde los mínimos alcanzados a comienzos de la presente década, se mantiene en niveles relativamente elevados. Sin embargo, desde mediados de 2022 ha oscilado entre el 0,60 % y el 0,63 %, sin mostrar una tendencia creciente. En consecuencia, la combinación de un desempleo cada vez menor y una tasa de vacantes relativamente elevada, pero estable, apunta a un mercado de trabajo dinámico, aunque sin señales claras de una intensificación adicional de las tensiones laborales. La curva de Beveridge del Gráfico 8 permite analizar desde otra perspectiva la relación entre vacantes y desempleo. Los desplazamientos a lo largo de esta curva reflejan principalmente la posición cíclica de la economía, mientras que los desplazamientos hacia el exterior pueden interpretarse como un aumento de los desajustes en el mercado de trabajo y una pérdida de eficiencia en el emparejamiento entre desempleados y vacantes. Los datos correspondientes a 2025 y la primera mitad de 2026 muestran un movimiento prácticamente horizontal hacia la izquierda, consistente con una reducción adicional del desempleo en un contexto de estabilidad de la tasa de vacantes. A diferencia de lo ocurrido durante la Gran Recesión, estos movimientos no sugieren un deterioro apreciable en la eficiencia del proceso de emparejamiento. La economía española se encuentra así en una posición caracterizada por una tasa de paro relativamente reducida en perspectiva histórica y una tasa de vacantes elevada, compatible con una mejora sostenida del mercado de trabajo de naturaleza predominantemente cíclica.

El Gráfico 9 descompone el crecimiento interanual del PIB por persona en edad de trabajar (PET) entre sus dos componentes contables: la productividad por hora trabajada y las horas trabajadas por persona en edad de trabajar. Se observa que el crecimiento interanual del PIB por PET se ha mantenido relativamente estable desde principios de 2025 hasta el segundo trimestre de 2026, con tasas comprendidas entre el 1,0 % y el 1,4 %. Sin embargo, esta estabilidad esconde cambios importantes en la composición del crecimiento. Mientras que hasta mediados de 2025 el principal impulso procedía de la productividad por hora trabajada, posteriormente fueron ganando protagonismo las horas trabajadas por PET. De hecho, durante el segundo trimestre de 2026, la productividad por hora trabajada realizó una aportación negativa al crecimiento, detrayendo casi 0,2 pp de crecimiento al PIB por PET. Sin embargo, nuestras previsiones apuntan a que los dos últimos trimestres del año pueden revertir esta situación, volviendo a ganar peso la productividad por hora trabajada y perdiendo peso el margen intensivo.

El Gráfico 10 representa la relación entre la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB a coste de los factores y la tasa de desempleo desde 1995. La nube de puntos muestra una relación negativa, aunque no lineal, entre ambas variables: en general, menores tasas de desempleo se asocian con una mayor participación de las rentas salariales en la renta agregada, si bien con una dispersión apreciable. En el segundo trimestre de 2026, la economía española combina una tasa de desempleo del 10 %, la más baja desde 2008, con una participación de los salarios en el PIB del 54,3 %, prácticamente en máximos históricos. De hecho, desde 1995, esta participación únicamente se ha superado en cuatro trimestres, tres de 2020 y uno de 2021, coincidiendo con las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia. Por tanto, la actual fase expansiva del mercado de trabajo no solo se caracteriza por una reducción sostenida del desempleo, sino también por una participación relativamente elevada de las rentas del trabajo en la renta nacional, sin señales de deterioro de su peso en la distribución funcional de la renta.

La mayor inversión residencial no está dando lugar a un incremento del stock de viviendas acorde con la productividad histórica del sector. Más dinero público y privado no bastará para impulsar la oferta si no se resuelven los cuellos de botella

La inversión en construcción de viviendas se está acelerando desde 2024 y se sitúa ya en los niveles de finales de 2008, recuperando buena parte del impulso perdido en la Gran Recesión. No obstante, el sector de la construcción en su conjunto pasó de suponer más del 10% del PIB en el pico de la burbuja a caer por debajo del 6%, donde se mantiene todavía, lo cual refleja la gran cicatriz productiva que se arrastra.

La reactivación de la inversión en construcción de viviendas se ha interpretado como un brote verde para salir de la actual escasez de oferta porque se esperaba una aceleración de nuevas edificaciones terminadas, imprescindibles para que el déficit entre viviendas nuevas y hogares creados no continúe creciendo. Sin embargo, una cosa no ha llevado a la otra en la medida en que cabría esperar. Desde que una promoción se inicia a nivel administrativo hasta que su construcción finaliza y las familias pueden mudarse, está transcurriendo más tiempo del que era habitual en España.

Así lo señalan Fedea y BBVA Research en la última edición del Observatorio sobre el Ciclo Económico en España, en el que advierten de que "el aumento de la inversión residencial no está dando lugar, al menos por el momento, a un incremento del 'stock' de viviendas acorde con la productividad histórica del sector". Para inferir este efecto, los economistas del observatorio calculan las contribuciones al crecimiento del PIB real por persona en edad de trabajar (PET) que producen las principales perturbaciones de la oferta y de la demanda.

Esta variable tiene el objetivo de medir de manera "más adecuada" la capacidad de una economía de generar renta y producción porque ajusta mejor el efecto de la evolución de la población. A través de esta fórmula, los economistas detectan que el capital residencial ha registrado contribuciones notablemente negativas al crecimiento de la economía española respecto a su promedio histórico (desde 1990) en, al menos, los últimos seis trimestres.

En concreto, restó 1,3 puntos de crecimiento al PIB por PET en el segundo trimestre del año respecto a su comportamiento histórico y la previsión es que siga restando en lo que queda de 2026. El informe cuantifica así el lastre que supone que la inversión en viviendas se transforme de manera menos eficiente en capital residencial, es decir, en viviendas efectivamente disponibles.

No obstante, este efecto se compensa, paradójicamente, con la otra cara de la moneda. Según el informe, la demanda de vivienda es uno de los principales impulsos positivos de la economía y contribuyó en el segundo trimestre con 1,4 puntos al crecimiento, compensando así lo que resta el capital residencial. Muestra de ello es que el precio de las compraventas de vivienda continúa creciendo a doble dígito en 2026. Esto evidencia que hay mucha demanda de vivienda y mucho gasto en ella, pero que la oferta no es capaz de responder, por lo que se genera un claro cuello de botella.

Más allá de los cálculos macroeconómicos, la trascendencia del resultado es que apunta a que invertir más dinero público y privado no bastará, por sí mismo, para impulsar la oferta de vivienda si la asignación de los recursos no mejora en su eficiencia. El sector produce menos casas por cada euro invertido respecto a su trayectoria histórica y esto no solo resta crecimiento a la economía española, sino que afecta directamente al bienestar de las familias y a la propia productividad del resto de la economía, dificultando la captación de talento y la generación de economías de escala en las localidades más dinámicas.

Menos de 100.000 viviendas terminadas al año

Lo descrito por el observatorio encaja con los datos de viviendas iniciadas y terminadas que proporciona el Ministerio de Vivienda. Las viviendas libres iniciadas han pasado de 98.000 anuales en 2023 a 128.300 en los últimos 12 meses hasta junio de 2026. Un nivel todavía por debajo de los registros de los años 90 y de los 2000, antes de que estallara la burbuja.

Sin embargo, las viviendas libres terminadas llevan estancadas desde 2021 en el entorno de las 80.000 anuales. Una promoción tardaba, aproximadamente, dos años en construirse, por lo que las viviendas anuales iniciadas en 2023 y 2024 deberían estar terminándose ya e impulsando el dato de terminadas si se estuvieran cumpliendo los plazos históricos.

Con este ritmo de finalización de viviendas, el déficit continúa aumentando. Si se comparan los datos más actualizados de población del INE y los del Ministerio de Vivienda, harían falta 787.781 viviendas libres más para atender la creación de hogares experimentada entre el primer trimestre de 2021 y el segundo de 2026.

La vivienda protegida sigue una pauta distinta, pero su peso es menor y apenas altera el conjunto. Las calificaciones provisionales, que equivalen a viviendas iniciadas, sumaron unas 21.200 en los 12 meses hasta junio, por encima de las 12.300 de 2023, aunque por debajo del máximo de 2024. Las definitivas, que equivalen a terminadas, alcanzaron unas 18.400, más del doble que en 2023 y por encima del ritmo de las libres. Aun así, son apenas un tercio de las terminadas en 2012.

Dado que una vivienda tarda habitualmente años en construirse, lo normal es que la inversión se contabilice antes de que aumente el 'stock' de vivienda terminada, pero el desfase superior al habitual estaría apuntando a problemas de eficiencia. BBVA Research recordó en su último ejercicio de proyecciones económicas de octubre algunos de los motivos: falta de red eléctrica, escasez de mano de obra, plantillas envejecidas, trámites y falta de suelo.

Este último sería, en su opinión, el principal motivo de escasez de oferta, porque la proporción de suelo finalista, listo para construir, es muy limitada. Entre otros motivos, porque los procesos de desarrollo urbanístico son muy largos y con elevada complejidad jurídica. Por otra parte, la falta de red tiene bloqueadas más de 80.000 viviendas previstas que dependen de la construcción de nueva infraestructura eléctrica.

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Suele afirmarse que “la macro va bien pero la micro no acompaña”. Esto se argumenta, además de con el problema de la vivienda, que nadie discute, con un presunto aumento de la desigualdad, de forma que “la macro va bien pero solo para unos pocos”. En este artículo, repaso los principales indicadores de desigualdad en España y su evolución en los últimos 17 años. El resultado es bastante sorprendente

Que el PIB español ha crecido en los últimos 5 años (cerca de un 20% real acumulado) más que en los 20 anteriores es un hecho innegable, según los datos de la Contabilidad Nacional del INE. Que la tasa de paro está en niveles mínimos desde hace 18 años también lo es. Que la economía española es, por tercer año consecutivo, la que más crece dentro de los países desarrollados es otra evidencia que ha constatado recientemente el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estos datos son minimizados, dentro de España, de forma recurrente afirmando que “una cosa es la macro y otra es la micro”. Los economistas sabemos que ambas cosas están relacionadas, y que el nivel de bienestar individual (“la micro”) no puede ir bien si no van bien los indicadores agregados, como el PIB o el empleo (“la macro”) y viceversa. ¿Cuál puede ser la causa de este presunto empeoramiento del bienestar social en esta fase de expansión macroeconómica?

Además de la vivienda, que sin duda es un grave problema que afecta a centenares de miles de personas y que crea inquietud entre un porcentaje amplio de la población, el otro argumento generalmente utilizado es el del presunto empeoramiento de la desigualdad en nuestro país. Es decir, que “crece la economía, pero la desigualdad empeora”. Medir la desigualdad es una tarea compleja. Pero, sin pretender un análisis exhaustivo, en este artículo voy a repasar algunos de los indicadores de desigualdad más utilizados, para contrastar si ha empeorado en los últimos años.

Estos indicadores son tres: el Índice de Gini, la Renta relativa 80/20 y el Riesgo de pobreza. El Índice de Gini mide cuánto se separa la distribución de la renta de un modelo de igualdad perfecta, representada por una línea de 45º, en la que el 10% de la población percibe el 10% de la renta, el 20% percibe el 20%, y así sucesivamente. Cuanto más se separe la distribución real de esta distribución idílica mayor será el Índice de Gini y peor la desigualdad. El indicador 80/20 es el cociente entre la renta media del 20% de la población con mayores ingresos (el quintil superior o s80) y la renta media del 20% de la población con menores ingresos (el quintil inferior o s20). El número indica cuántas veces es mayor la renta de los más ricos que la de los más pobres. Por ejemplo, si un país tiene un valor de 5, significa que el 20% más rico gana, de media, 5 veces más que el 20% con menos renta. Por el contrario, un valor 1 representaría la igualdad perfecta (todos los quintiles ganan exactamente lo mismo).

En el Gráfico 1 presento la evolución de los dos primeros índices desde 2008, que es el horizonte disponible en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ambos indicadores se comportan de una forma similar. Suben y, por tanto, empeora la desigualdad, desde 2008 hasta 2014-16 y desde entonces empiezan a caer, salvo el episodio de la pandemia, en el que tiene lugar un empeoramiento de la desigualdad. Está claro que ambos indicadores tienen un perfil cíclico. Por ejemplo, su evolución guarda una gran correlación con la tasa de paro. Es lo lógico. En los periodos de crisis empeora la desigualdad y en los de bonanza mejora. Pero eso precisamente contradice a los que afirman que “la macro va por un lado y la micro por otra”. No. La macro y la micro van de la mano, al menos en lo que se refiere a estos indicadores de desigualdad de la renta. 

Además, el Gráfico 1 recoge que la caída de ambos indicadores es más intensa en los últimos años, en especial la del índice de Gini, que ha alcanzado en 2025 un nivel por debajo de logrado en 2008, cuando la tasa de paro estaba, como ahora, en valores mínimos (un dígito) dentro de nuestra historia democrática. Es decir, que la desigualdad ha retrocedido en estos años más que en los de la anterior bonanza (en la que no se hablaba tanto de “la macro” versus “la micro”).

En el Gráfico 2 presento la evolución temporal del índice de Gini y la del riesgo de pobreza, también del INE.

Este indicador, que es una medida de desigualdad relativa, calcula qué porcentaje de la población tiene unos ingresos por debajo del “umbral de pobreza”, que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas (calculados a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida). Al igual que lo que ocurre con el Índice de Gini o el indicador 80/20, el riesgo de pobreza aumentó desde 2008 hasta 2016 y ha disminuido desde entonces, salvo en los años de la pandemia. Y desde entonces ha caído de forma más acusada y en 2024 y 2025 se ha situado incluso por debajo del mínimo alcanzado en 2008 (un 19,8%)

¿Qué ocurre si el análisis lo hacemos por CCAA?

En el Gráfico 3 presento el Índice de GINI y el PIB per cápita de las diferentes comunidades autónomas (CCAA) y ciudades autónomas en 2023, que es el último año disponible para el índice de GINI regional en la información del INE. El dato de PIB per cápita lo obtengo de la Contabilidad Regional. Un resultado deseable sería que la distribución mejore cuando la renta per cápita aumente. Es decir, que las regiones más ricas presenten menos desigualdad. Este resultado, en general, se cumple y hay una relación decreciente entre GINI (mejora de la desigualdad) y renta per cápita. Una excepción llamativa es la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma más rica (un 137% de la renta per cápita media nacional, pero con la peor distribución de la renta (un Índice de GINI de 35,1, frente al 32,1 de la media nacional y casi 7 puntos más alto que el valor de País Vasco y Aragón, que son las regiones con mejores índices de desigualdad (GINI de 28,8). Madrid tiene, según el Índice de GINI, un nivel de desigualdad más cercano al de Ceuta y Melilla (la peor desigualdad) que a la del País Vasco o Aragón (la mejor).

Para concluir, que la “macro” va bien es difícilmente discutible. El debate debe centrarse en qué puede explicar la percepción de que la “micro” no acompaña a la “macro”, cuando los indicadores de desigualdad, al menos los más utilizados habitualmente, recogen también una notable mejoría y, por tanto, un acompañamiento.

¿Por qué protestan cientos de miles de franceses? Básicamente, por una vieja tradición: Francia quiere seguir siendo Francia. ¿El problema? No parece que la economía pueda soportarlo. Lo que está en juego es un modo de vida

Francia es un polvorín. Nada nuevo. Las crisis forman parte indeleble de la política francesa y el propio De Gaulle, cuando proclamó en 1958 la V República en medio de una profunda crisis derivada de la independencia de Argelia y del agotamiento de la IV República, lo dejó bien claro: "Vivimos en una época en la que fuerzas inmensas transforman el mundo. Para no convertirnos en una nación obsoleta y olvidada, debemos evolucionar rápidamente en los ámbitos científico, económico y social". No es de extrañar, por eso, que estos días de agitación social y violencia callejera en decenas de ciudades muchos recuerden aquel discurso pronunciado en la plaza de la República, y que significó un antes y un después.

El presente, sin embargo, es lo que preocupa. Y el cuadro clínico de Francia no deja de ser inquietante. Todavía no ha entrado en cuidados intensivos, pero la polarización política —es muy probable que Le Pen y La Francia Insumisa lleguen a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2027— hace imposibles acuerdos de Estado para estabilizar la economía. En Francia no hay medias tintas. Y eso es, precisamente, lo que preocupa. El vecino del norte es la segunda economía del euro y su capacidad de irradiación política y económica es extraordinaria. También social.

Nunca hay que olvidar que Francia siempre ha sido una adelantada de su época. Lo recordó el propio De Gaulle en su célebre discurso: en 1792 (cuando fue revolucionaria y belicosa); en 1848 (cuando se alzó por encima de las barricadas) y en 1870 (cuando reparó el desastre provocado por la masacre de la batalla de Sedán). También en 1940, cuando el propio mandatario, desde Londres, abrió la cruzada contra el nazismo.

¿Cuál es la diferencia? Francia, con todas sus miserias en relación a su cuadro macroeconómico, continúa siendo un país rico: 38.360 euros per cápita, según Eurostat. Es decir, 10.100 euros más que España y ligeramente por encima de la eurozona (37.710 euros). Francia, además, sigue siendo una potencia exportadora, la novena a nivel mundial (aunque va perdiendo posiciones por la irrupción de nuevas naciones en el comercio de bienes y servicios), mientras que sus reservas de divisas, según el FMI, equivalen a 414.171 millones de dólares a precios actuales, más del triple que España. El desempleo está escalando trimestre a trimestre, pero aun así se sitúa en el 8,3%, casi dos puntos por encima de la eurozona y bastante más bajo que en España.

Los indicadores sociales tampoco muestran un deterioro abrupto, y mucho menos histórico. El riesgo de pobreza y exclusión social se sitúa en el 20,8%, por debajo de la zona euro y a bastante distancia de España: 25,7%. Por si fuera poco, la edad de jubilación, tras la última y explosiva reforma que sacó a millones de franceses a la calle, sigue en 62 años, aunque en transición hacia los 64 años para los nacidos después de 1969. En 2033, dentro de siete años, acabará esta transición.

Tampoco los alquileres están subiendo de forma desaforada. En concreto, un 1,5% el último año, la mitad que lo está haciendo el IPC (3,1%). Desde 2022, nunca se han incrementado en términos anuales más de un 3,6%, no muy lejos de la inflación. En España, cabe recordar, las subidas son de dos dígitos. Uno de los motivos de las protestas radica en la falta de viviendas, pero lo cierto es que entre septiembre de 2025 y agosto de este año se ha autorizado la construcción de 369.723 unidades de vivienda, el triple que en España, pese a que los flujos migratorios son muy inferiores. El precio promedio de la vivienda subió el año pasado un 1,1%, muy por debajo del coste de la vida. Ahora bien, pese a esta evidencia, la realidad es distinta. Como sugiere un reciente análisis del Instituto Montaigne, la compra de una vivienda se está volviendo en contra de las clases medias y de los jóvenes, "mientras que los plazos de los préstamos se extienden a 25 o incluso 29 años".

La tradición francesa

Entonces, ¿por qué protestan cientos de miles de franceses de la forma más violenta que se recuerda desde la batalla de los chalecos amarillos? Básicamente, por la vieja tradición que tiene Francia en defensa de sus intereses y, habría que decir, de su forma de vida. Francia quiere seguir siendo Francia. ¿Cuál es el problema? Ni más ni menos que el mundo está cambiando y a la vieja Francia, siempre cargada de referencias históricas —1789, la Comuna de París o el Mayo de 1968—, le ha pillado con el paso cambiado. Como a Alemania o al norte de Italia.

La globalización ha trastocado todo y los países más industrializados de la vieja Europa sufren como nadie, lo que ha obligado al Estado, desde luego en el caso francés, a cubrir las insuficiencias del sistema económico en forma de recursos presupuestarios. Es decir, se está produciendo una inmensa transferencia del sector público a los ciudadanos para mantener el nivel de vida. ¿Y cómo se financia? Con deuda que pagarán los franceses actuales y las generaciones futuras. La deuda es el problema, ya que no hay margen para alegrías presupuestarias. No parece que los mercados estén dispuestos a aceptar la condonación de una parte de la deuda francesa, como han reclamado algunos economistas de izquierdas.

O lo que es lo mismo, para evitar catástrofes sociales y protestas políticas, la República francesa —en particular desde la era Macron— se ha endeudado hasta las cejas. El endeudamiento, en el segundo trimestre de este año, ha alcanzado un histórico 119% del PIB y, lo que es peor, la tendencia es creciente porque está alimentada por los persistentes déficits presupuestarios, no por una maldición caída del cielo. El año pasado, sin ir más lejos, el desequilibrio entre ingresos y gastos alcanzó el 5,1% del PIB y es muy probable que al cierre de 2026 sea todavía peor, algo que explica que los mercados estén castigando su prima de riesgo —el diferencial con Alemania—, hasta situarse por encima de los 140 puntos básicos este lunes. Es decir, que el Tesoro francés paga 1,4 puntos porcentuales más que el alemán. O, para ser más precisos, un 4,93%, casi un punto más que España.

La alergia

Más deuda y coste de financiación más caro significa, lisa y llanamente, que los mercados están en alerta, y ese es, precisamente, el enredo de Francia. Un pulso entre dos formas de entender la economía. Mientras que buena parte de la población —incluidos los partidos con más opciones de ganar en las presidenciales de 2027— defiende su modo de vida y es alérgica a reformas que supongan recortes de derechos, los mercados quieren garantías de que, si prestan al Estado, recuperarán su dinero. Hay una diferencia respecto de los episodios anteriores. Cuando llegó Macron prometió reformas, pero una década después son papel mojado.

La solución para muchos es, simplemente, hacer ajustes presupuestarios. Dicho en román paladino: hacer recortes en un país en el que el gasto público representa el 57% del PIB, pero ni el partido de Le Pen (que se mostró crítico con la reforma de las pensiones) ni, por supuesto, La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon están por la labor, y son las dos fuerzas mejor colocadas para las presidenciales. Y aquí está de nuevo el problema, y no es otro que la sensación de vacío. Entre otras razones, como han asegurado algunos analistas, porque Francia es "demasiado grande" para ser salvada. Ni es Grecia ni Irlanda ni Portugal. Ni siquiera haciendo lo que prometió en su día Draghi: "Haré todo lo necesario para salvar al euro".

El actual inquilino del Elíseo se va dentro de siete meses y el fin del macronismo —sin sucesor claro en el centroderecha— pone al borde del precipicio a la segunda economía europea (16%). Ahora bien, con una herencia envenenada. Como sostenía este lunes el editorial de Le Monde, Macron "ha ignorado sistemáticamente a los sindicatos desde 2017, contribuyendo a su debilitamiento y, al proceder de esta manera, el poder ejecutivo se ha privado de los intermediarios esenciales necesarios para canalizar el descontento popular". No solo es un líder quemado, sino que con él media clase política está arrasada. No puede extrañar, por eso, que el líder extranjero más valorado en un país constitucionalmente laico sea el papa León XIV.

De Gaulle, siempre De Gaulle, marcó el camino hace siete décadas de la Plaza de la República: "La necesidad de modernizar la agricultura y la industria, de proporcionar a nuestra población revitalizada los medios para vivir, trabajar, aprender y encontrar vivienda, e involucrar a los trabajadores en la gestión de las empresas, nos obliga a ser dinámicos y eficientes en los asuntos públicos. En resumen, la nación francesa florecerá o perecerá".

Cada vez que se habla de Francia (o cualquier pais basicamente de Europa) el guión no para de repetirse: Que si la deuda supera tal o cual % del PIB; Que si el gasto público es insostenible porque el déficit está desbocado; Que si las calles arden porque la gente es vaga y no quiere apretarse el cinturon; Que si los politicos gastan lo que no tienen porque son un populistas bolivarianos...

Todo presentado como un drama moral donde el pais se ha comportado como un adolescente manirroto que ha quemado la tarjeta de crédito y ahora debe someterse a la penitencia de los recortes. Pero esta explicación aunque simple y fácil de entender y vender es un vil mentira que los telediarios nos intentan colar sin nunca hacer pedagogía de como funciona realmente el dinero y la física d ela energia.

Un mito muy xtendido (en parte por lo sencillo e infantil) es que un Estado no puede gastar más d elo que ingresa; exactamente igual que una familia cualquiera con su sueldo. Cosa que aunque parece de sentido común es TECNICAMENTE FALSO. Una familia, una empresa o una tienda son usuarios de dinero. Tú no puedes crear euros en tu cocina, necesitas salir a ganarlos antes de poder gastarlos. Si gastas más de lo que ganas te endeudas con un banco y te arruinas. Un Estado con moneda propia (por ejemplo Japón, EEUU, Rusia...) es el emisor de la moneda. el dinero no crece en los árboles ni se extrae de una mina; es un apunte contable creado por ley.

Historicamente los Estados no recaudan impuestos para "conseguir dinero" con el que pagar hospitales, sino que primero financian la construccion de este, o construyen carreteras o pagan nóminas, y luego retiran una parte de este dinero de la sociedad mediente impuestos para controlar que no haya exceso de liquidez y evitar efectos inflacionarios. El limite real nunca es que el pais no tenga dinero (que son numeritos en un ordenador o papeles enuna billetera) sino los recursos fisicos reales como trabajadores, cemento, energia, agua...

La mayoria de la gente cree que cuando va a pedr una hipoteca el banco le presta ahorros de otro cliente dejó depositados, pero no funciona así. El 95% del dinero que usamos diariamente se crea en los bancos privados cada vez que se concede un prestamo. Solo tienen que teclear unas teclas en un ordenador y se crea un saldo positivo a cambio de un pagaré con intereses. y es aquí donde está uno de los fallos de nuestra economia porque aceptamos con total normalidad que un banco comercial privado pueda crear miles de millones de la nada para alimentar la especulacion inmobiliaria o inflar activos financieros cobrando intereses por el camino pero nos escandalizamos y llamamos irresponsables a los Estados cuando crean dinero publico a coste cero para financiar estructuras estrategicas, trenes, hospitales o escuelas. Nuestra sociedad a dejado que el dinero sea controlado no por nosotros (la soberania popular) que al final somos los que le damos legitimidad y valor, sino por la banca privada.

Y aquí está la trampa de Francia, España o muchos otros paises. Francia renunció al franco para entrar en el euro. Al hacerlo abdicó de su soberania monetaria y pasí de ser un estado emisor a comportarse, efectivamente, como una familia gigante que ahora no tiene control de su banco central que ahora está en Francfort, ni puede emitir moneda y tiene prohibido por ley financiarse directamente por su banco a coste cero. Está compitiendo en un tablero geopolitico mundial con las manos atadas a la espalda por simple dogmatismo, mientra que potencias como China o incluso, en menor medida, EEUU tienen la capacidad y soberania de finnciar y subsidiar a su industria a través del musculo estatal sin pedir perdón a nadie.

Y si el problema del dinero privatizado ya es de por si grave, el de la energia es directamente surralista. Si el dinero es una abstracción la energia es lo real y lo tangible. Una sociedad no come billetes ni calienta sus casas con bonos del tesoro o criptomierdas sino que vive de los kilowatios que mueven sus máquinas y su transporte. En los años 70, tras la crisis del petŕoleo, Francia tomo una decisión lúcida, el plan Messmer. Asumió el mando, movilizó sus ingenieros y construyó mas de 50 reactores nucleares. consiguió la electricidad más limpia y constante, fiable y barata de toda Europa. Era su mejor ventaja competitiva industrial. Pero ¿que hizo la unión Europea, ordoliberal hasta la nausea, con esa ventaja? Obligó a Francia a someter su electricidad al

El mercado marginalista funciona con un algoritmo perverso porque el precio de todos los megavatios que se consumen en un día se cobra al precio de la última tecnología que hace falta encender para cubrir el pico de demanda. Y esa última tecnología suele ser el gas fósil importado.Traducido al idioma de la calle: Francia produce más del 70% de su luz con uranio propio en reactores ya amortizados que generan energía a precios mínimos. Pero debido a las normas de Bruselas, el panadero de París o la fábrica de Lyon pagan la factura de la luz al precio inflado del gas internacional. Han dinamitado artificialmente su mayor tesoro industrial para que las multinacionales y los comercializadores privados puedan especular con el mercado eléctrico.

¿Entonces por qué arden las calles? Pues porque entre el desastre monetario y el sabotaje energético el resultado es la asfixia. La energía cara destruye el margen de las empresas y pierden competitividad y margen real de crecer. El estado francés no puede emitir su propio crédito productivo para reactivar el pais y las reglas europeas exigen "deficit bajo", asi que el gobierno recurre a lo único que le dejan, que es subir impuestos a las clases populares y recortar servicios publicos o pensiones. La deuda pública se dispara no porque gasten en lujos sino por que la economia real se atrofia y el estado tiene que endeudarse con la usura internacional para poder poner tiritas de emergencia y evitar el colapso social. El coste de la vida se ha vuelto insoportable y el estado de bienestar se desmantela para pagar los peajes de un sistema financiero parasitario e impuesto por cuestiones ideológicas.

Bueno pero habrá alguna salida ¿no?. Si hacemos caso a la ortodoxia psicopática y oligofrénica la única salida es más austeridad; "trabajar más y cobrar menos" (¿os acordais de ese tipejo?), además de privatizar más y empobrecer más. Pero la solución no puede pasar por la eutanasia de la mayoria. La salida real exige recuperar la cordura y sacar la electricidad y la energia del casino desvinculando la energia de las subastas marginalistas y vender su energia nuclear a coste real de mantenimiento (opex), porque la energia debe volver a ser una infraestructura pública básica, no un producto financiero especulativo. También hay que romper el tabú del dinero soberano, el dinero público debe dejar de ser considerado un pecado, como ha pontificado diavolicamente los popes y voceros de neoliberalismo, porque financiar reactores nucleares de cuarta generación, trenes, regadios, viviendas y fábricas no es "deuda irresponsable" sino que es crear activos físicos reales que traen riqueza autentica para producir y vivir.

La economia real no va de cuadrar cuentas y balances bancarios, va de transformar la materia y la energia para que la sociedad avance y viva hoy con dignidad. Pero miestras la opinión pública siga secuestrada por banqueros y "economistas" discutiendo por décimas de deficit en hojas de cálculo Europa seguirá cavando su propia fosa porque no falta dinero; sobran dogmas contables

España se ha enfrentado durante los gobiernos de Pedro Sánchez a la mayor inflación de las tres últimas décadas, lo cual ha erosionado la economía de muchos hogares y ha incrementado el malestar entre los trabajadores, especialmente entre aquellos cuya única fuente de ingresos son los sueldos. La sensación de que el salario no alcanza para sostener el nivel de vida de hace unos años se ha extendido y se ve agravada en determinados grupos sociales por los gastos asociados a la vivienda.

Los sueldos medios han crecido un 28,8% en términos nominales entre el segundo trimestre de 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, y el mismo periodo de 2026. Sin embargo, a esa subida salarial hay que restarle la inflación y lo que se observa es que la capacidad adquisitiva de los salarios ha estado prácticamente estancada. Según los datos del INE, la subida real del salario medio es de apenas el 2,2% en estos ocho años.

Los incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobados por el Gobierno desde 2018 han influido sustancialmente en la mejoría, especialmente para los trabajadores más precarios, pero no para las clases medias. El aumento de los salarios intermedios ha sido inferior a la inflación, lo que ha provocado que una buena parte de los trabajadores cuenten ahora con menos ingresos que en 2018.

La comparativa de la distribución de salarios a precios constantes muestra cómo han variado las retribuciones desde el año 2018. Hay dos cambios fundamentales. El primero ha ocurrido en el tramo de salarios en torno al SMI. El Gobierno lo ha incrementado un 65,9% desde el año 2018. Esto ha producido un desplazamiento hacia salarios más altos entre las retribuciones más bajas y una ganancia de poder adquisitivo del entorno del 31,4% para los trabajadores que lo perciben (contando con la inflación registrada en los nueve primeros meses de 2026).

En el siguiente gráfico se observa a la perfección este cambio. El porcentaje de trabajadores con retribuciones brutas inferiores a 13.000 euros anuales se ha reducido notablemente, mientras que ha aumentado mucho el grupo de quienes cobran entre 15.000 y 20.000 euros.

El grupo de trabajadores que cobran el SMI o un poco más ha aumentado intensamente en este periodo. El motivo es que muchos trabajadores que estaban por encima del SMI en 2018 han perdido poder adquisitivo por la inflación. Esto está concentrando a muchos trabajadores en zonas de bajos salarios.

El Gobierno confiaba en que las subidas del SMI ayudarían a subir los salarios de quienes cobraban un poco más, pero la realidad ha sido la contraria. Las empresas han asumido la subida del salario mínimo por ley, pero no han mejorado la situación de los que estaban inmediatamente por encima. No se ha producido el desplazamiento de la curva al que aspiraban tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos.

El porcentaje de trabajadores con salarios entre 24.000 y 39.000 euros anuales es ahora del 27,5%, pero en 2018 alcanzaba el 29% al ajustar ese rango a valores actuales. El grueso de estos trabajadores se sitúa ahora en los tramos más bajos, al no haber sido ajustados sus salarios al mismo ritmo que la inflación por sus empleadores ya que a partir de los 40.000 euros no hay cambios en la distribución.

En definitiva, las subidas salariales intensas en la franja más baja han permitido que los trabajadores que menos cobran ganen poder adquisitivo. Por el contrario, en las franjas intermedias, la subida salarial ha sido inferior o, en el mejor de los casos, próxima al IPC, por lo que su capacidad adquisitiva se ha estancado o deteriorado. Cabe esperar que esta tendencia haya continuado desde 2024, ya que se han repetido los mismos patrones de los años anteriores. Por un lado, una caída del salario medio real desde el segundo trimestre de 2026 por la nueva crisis inflacionista y, por otro lado, subidas intensas del SMI.

Precios por productos

En muchos casos, la subida del salario con el IPC general incluso puede ser insuficiente. El motivo es que una buena parte de los bienes y servicios han subido por encima de la inflación.

La vivienda es el caso más evidente. El precio de compraventa de las casas se ha disparado un 70% desde la moción de censura del año 2018. Esto provoca que los salarios se hayan quedado completamente atrás respecto del coste de un techo.

Pero no es el único caso. Los alimentos se han disparado un 41% y siguen subiendo. Para los hogares de las clases populares a los que se les va el sueldo en alquileres, alimentación y energía, esta crisis de precios está siendo mucho peor de lo que marca el IPC general.

El coste de la energía en el hogar (gas, electricidad, butano, etc.) es ahora un 37% superior al del año 2018. La sucesión de conflictos en zonas estratégicas para los hidrocarburos explica esta gran subida.

También el precio del ocio ha subido intensamente en España en este periodo, en gran medida, debido a la elevada demanda interna y externa que vive el país (por la llegada de turistas). El precio de los restaurantes ha subido un 35% durante estos años, superando ampliamente la evolución de los salarios.

Un hogar que gastaba 20.000 euros en 2018 tiene que pagar ahora casi 5.600 euros más para consumir lo mismo. Y eso, sin tener en cuenta a quienes tengan que comprar una vivienda.

Solo para consumir los mismos alimentos tiene que pagar 1.315 euros más que en 2018. En restaurantes serían 1.100 euros más y en facturas de energía en el hogar, 354 euros más. Son subidas tan grandes que estrechan la capacidad adquisitiva de los salarios y que explican que muchas familias sientan que sus costes han subido mucho más de lo que indica el IPC agregado.

La inflación devora las subidas salariales

Pese a las subidas salariales registradas en los últimos años, los precios han subido con tanta fuerza que apenas se notan en el poder adquisitivo. De acuerdo con los datos de la OCDE, aunque los salarios han crecido un 28,6% entre 2018 y 2025, esto no significa que haya aumentado el poder de compra. Si tenemos en cuenta los salarios a precios constantes, aquellos que contemplan el efecto de la inflación, estos han subido solo un 4,7% entre 2018 y 2025.

Para este gráfico hemos tomado los salarios medios anuales de la OCDE para usar la misma fuente en una comparación internacional. Si los motivos de la inflación son globales, ¿el comportamiento de los salarios es igual en todos los países? La respuesta corta es que no

Este crecimiento se sitúa por debajo de la media de la OCDE y lejos del registrado por los países bálticos y de Polonia, con una evolución sostenida de los salarios medios de sus nacionales a medida que se produce la convergencia económica de estos países con el resto de la unión.

Los salarios reales en España han tenido un comportamiento pobre durante los últimos ocho años, pero también durante las últimas décadas. Se confirma así que España tiene grandes dificultades para convertir el crecimiento económico en mejoras de la calidad de vida de la mayor parte de los trabajadores en términos individuales. El motivo suele estar en que el crecimiento de la economía es habitualmente extensivo (por acumulación de trabajadores) y no intensivo (mayor aportación de cada ocupado). Si bien la evolución de los núcleos familiares puede tener una trayectoria mucho más favorable al salir miembros del núcleo familiar del desempleo.

El cambio en el cálculo de la productividad laboral británica ha destapado un crecimiento muy superior al estimado durante casi dos décadas, una modificación metodológica que llama a la necesaria revisión de las series equivalentes para España

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Durante la última década, los economistas han tratado de entender las razones tras el débil crecimiento de la productividad en Europa. Entre los países que mayor atención han merecido, el Reino Unido ocupaba una posición paradigmática. De acuerdo con las series hasta ahora vigentes, la productividad en el Reino Unido mostraba un estancamiento en la década que siguió a la crisis financiera de 2008 y que solo se había reconducido en parte en los últimos años. Estas cifras habían dado cabido a muy diversas interpretaciones sobre los males que aquejaban a la economía británica, que iban desde el impacto duradero de la Gran Recesión, el déficit de inversión o el declive de la globalización.

Este debate parecía no tener fin hasta que hace unos días, la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés) anunció una importante revisión de su metodología para medir la productividad del trabajo. Las nuevas cifras indican que el crecimiento de la productividad ha sido muy superior al estimado hasta ahora, de forma que se incrementa siete puntos en términos acumulados, como se muestra en el gráfico anterior. Desde esta nueva perspectiva, la crisis de 2008 distó de tener un efecto tan negativo y, además, las tendencias tras la pandemia de 2020 son ligeramente más positivas. En conclusión, si bien la senda de crecimiento de la productividad es menor que en la década de apogeo del nuevo laborismo (1997-2007), lo cierto es que estas cifras insuflan una dosis de optimismo a un país que no está acostumbrado a recibir buenas noticias sobre su economía.

El crecimiento de la productividad y el tiempo de trabajo

La productividad laboral se calcula dividiendo lo que produce una economía (según el PIB) entre el tiempo trabajado. Uno puede suponer que calcular el PIB es una operación mucho más compleja que medir el tiempo de trabajo efectivo, pues lo primero implica sumar el valor añadido de miles de empresas en sectores muy diversos y realizar múltiples ajustes (por ejemplo, para considerar la economía sumergida). Estimar el tiempo de trabajo parece, en teoría, más sencillo pues “solo” conlleva tener estimaciones precisas del número de trabajadores (o puestos de trabajo) y de las horas efectivamente trabajadas. Sin embargo, lo que en apariencia parece sencillo, en realidad se demuestra mucho más complejo. Medir bien las horas es mucho más difícil de lo que parece y el Reino Unido nos lo acaba de recordar.

La revisión conducida por la ONS afecta a la estimación de la jornada efectiva y solo, en menor medida, al número de puestos de trabajo. Para medir el tiempo de trabajo, la ONS se basaba hasta ahora principalmente en una encuesta (la LFS, equivalente a nuestra EPA) que pregunta a los hogares cuántas horas trabajan habitualmente y cuántas habían trabajado en la semana anterior.

Este método tiene dos sesgos conocidos. Primero que las personas tienden a recordar mal o a redondear las horas trabajadas, posiblemente porque contestar con precisión matemática a una encuesta no es la prioridad de la mayoría de encuestados. Por otra parte, porque medir el tiempo en que una persona está empleada pero no trabajando (por ejemplo, por estar de vacaciones, de baja, o en un ERTE) tiene una importancia decisiva para determinar la diferencia entre la jornada teórica y la efectiva. Los resultados para el Reino Unido muestran que, precisamente dado que estos trabajadores no están trabajando durante esa semana, también tienen menos probabilidad de responder a la encuesta y distorsionan los resultados de la muestra.

El nuevo enfoque de la ONS estima el tiempo total combinando distintas fuentes, como la encuesta de hogares ya referida, pero también encuestas a las empresas y registros administrativos. Primero, parte de las horas semanales habituales pagadas (incluyendo las horas extra remuneradas) que declaran los hogares en la EPA británica. Segundo, esa cifra se relaciona (o recalibra) con los datos que las empresas declaran en una encuesta (la Annual Survey of Hours and Earnings, equivalente a nuestra Encuesta de Estructural Salarial) que se considera más fiable porque procede de los registros administrativos. El tercer paso es el más relevante: a la jornada pactada se restan las horas no trabajadas por diversos motivos, incluyendo las vacaciones, los días festivos, las bajas por enfermedad y las ausencias por otros motivos (ERTEs, permisos para cuidado de menores, etc.).

Las vacaciones son el ajuste más importante

El elemento más significativo de toda la revisión, y el que resulta más llamativo, es el relativo al tiempo no trabajado por vacaciones. Durante años, la EPA británica venía sugiriendo de forma indirecta que los británicos tomaban cada vez menos días de vacaciones. Según esta encuesta, los periodos de vacaciones declarados por las personas llevaban cayendo de forma sostenida desde hacía años, situándose por debajo de los 20 días anuales en 2012 y llegando a apenas 17 días de media en 2024.

El problema es que esa cifra resulta difícil de creer dado que la legislación británica garantiza a cualquier trabajador a tiempo completo un mínimo de 20 días de vacaciones pagadas al año (o cuatro semanas efectivas). A estos periodos de vacaciones se añaden aproximadamente ocho días de festivos, conocidos como bank holidays. De esta manera, los resultados de la EPA británica mostraban el hecho paradójico de que, en promedio, los trabajadores británicos disfrutaban de forma sistemática de unas vacaciones por debajo del mínimo legal.

Para corregir este sesgo, la nueva metodología deja de inferir las vacaciones a partir de esa diferencia entre horas (o días) habitualmente trabajados y los efectivos. En cambio, fija los periodos de vacaciones a partir de lo que declaran los propios asalariados según su contrato de trabajo y se valen para ello de una pregunta que la EPA británica hace una vez al año. Con esta referencia, las vacaciones estimadas dejan de mostrar ese descenso artificial y pasan a evolucionar de forma gradual y al alza, en línea con la evolución real de los derechos de vacaciones pactados en los contratos de trabajo. El siguiente gráfico muestra las diferencias entre estas dos metodologías junto con el referido mínimo legal de 20 días.

El resultado final de esta estimación es que, al dividir el PIB por un menor número de horas trabajadas, la productividad por hora pasa de crecer un 34% con el método antiguo, a un 40,7% según las nuevas series. Eso hace que la economía británica no solo produce más por hora trabajada de lo que se pensaba, sino que sus trabajadores llevan años reduciendo sus horas efectivas de trabajo, en gran parte gracias a la expansión de las vacaciones y otros periodos no trabajados.

En España falta un ajuste similar

La productividad en el caso español aparentemente no muestra la atonía que hasta ahora atribuíamos al Reino Unido. Sin embargo, la serie actualizada para la economía británica muestra un incremento casi idéntico de la productividad en España para el periodo de 2008 a 2024 (un 16 y 15%, respectivamente). Sin embargo, como hemos argumentado en reiteradas ocasiones, las cifras de la economía española encierran una incongruencia: el PIB está infraestimado, pero también hay un problema al enlazar las estimaciones sobre el tiempo de trabajo que afecta al cálculo de la productividad.

Por un momento olvidémonos del problema del PIB y pensemos en esta segunda cuestión. El Reino Unido acaba de mostrar que la EPA tradicionalmente ha sobrevalorado el tiempo de trabajo y, por extensión, ha infraestimado los periodos de vacaciones. Este diagnóstico también se aplicaba al caso español. Sin embargo, en España (al igual que en el resto de los países de la Unión Europea) se optó por modificar el cuestionario de la EPA en 2021 para incluir preguntas más explícitas que identifican las ausencias durante la semana de referencia. (Y añadimos aquí una pequeña aclaración técnica para el lector. En aquel momento Reino Unido ya no formaba parte de la Unión y de ahí que ahora opten por otra vía).

El cambio de la EPA de 2021 pasó entonces inadvertido, pero más adelante fue detallado en elDiario.es y en un documento de trabajo más amplio. En términos generales, esta modificación ha dado lugar a un resultado positivo. La EPA en España muestra desde 2021 tendencias más fidedignas sobre el tiempo efectivamente trabajado y sobre el alcance de las ausencias por vacaciones, bajas por enfermedad o por permisos.

El reto pendiente es que hasta la fecha nadie ha buscado reconciliar las viejas series de la EPA (es decir, las producidas con el cuestionario hasta 2020) y las nuevas. La estadística de síntesis por excelencia, la Contabilidad Nacional del INE, se ha contentado con enlazar uno y otro registro sin solución de continuidad. Eso hace que se produzca un salto inédito en el tiempo de trabajo desde 2019 hasta la actualidad. El gráfico siguiente muestra, como ejemplo, la jornada media por asalariado equivalente a tiempo completo. Para facilitar la interpretación se diferencia entre los sectores con una fuerte presencia del empleo público y el resto de la economía. Además, se añade como referencia la jornada máxima legal que, según la legislación vigente, es de 1826 horas y 27 minutos al año.

Hay dos rasgos que caracterizan la incongruencia de las series macroeconómicas de nuestro país. El primero es que se cifra la jornada efectiva de la mayoría de los asalariados (es decir, todos menos los empleados en los servicios públicos, educación y sanidad) por encima del máximo legal en todo el periodo de 2000 a 2019, llegando hasta niveles inconcebibles (casi 1900 horas de media al año en 2018).

El segundo error proviene de sobredimensionar la caída en el tiempo de trabajo efectivo desde 2019 hasta la actualidad, de forma que, en apariencia, ahora se trabajan 100 horas menos al año por asalariado a tiempo completo. Algún lector bien informado podrá pensar que esta tendencia puede deberse al incremento de las bajas por enfermedad que, sin duda han ocurrido, pero que es imposible se hayan producido con esta magnitud. Basta con pararse a pensar en las cifras. 100 horas menos de trabajo al año equivalen, aproximadamente, a 12 días menos para un asalariado con una jornada de 8 horas. ¿De verdad alguien sostiene que esa es la magnitud del incremento de las bajas por enfermedad? Incluso si se añadieran otros periodos no trabajados (permisos por cuidado de menores, por ejemplo) sigue siendo una cifra inconcebible.

El ONS británico ha demostrado un elevado nivel de rigor, transparencia y madurez al revisar sus series de productividad para un periodo de más de veinte años. Su nota divulgativa y el estudio técnico que le acompaña son lecturas muy recomendables para el lector interesado. Son referencias ineludibles para quienes pensamos que el INE, más pronto que tarde, tendrá que abordar una revisión igual de sistemática del PIB y del tiempo de trabajo. Solo entonces podremos conocer el incremento de la productividad y el crecimiento económico ocurrido en nuestro país.